La Ley 30/92, de 26/11, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, determina las garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la actividad administrativa, siendo su aportación más positiva la consagración de los derechos de aquéllos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

    Entre tales derechos destacan los relativos a obtener información y orientación, que se facilite el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y la presentación de sugerencias y quejas por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

  • PADRÓN:                                                      - JUZGADO DE PAZ:


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